La legislatura mendocina ya comenzó a analizar en comisiones la autorización de minera San Jorge, el proyecto de extracción de oro y cobre en la localidad de Uspallata. Ayer se realizó el primer encuentro, donde los legisladores recibieron a concejales de San Carlos y General Alvear y también a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la provincia de Mendoza (ASINMET), para que cada uno fijara su posición frente al proyecto.
Julio Totero, secretario de ASINMET, declaró ante medios locales que desde la entidad vienen trabajando hace tiempo en difundir la necesidad de una diversificación productiva de la provincia. “Hace años atrás los mendocinos pensábamos que íbamos a vivir de por vida del petróleo y de la vitivinicultura… pero si no diversificamos la matriz productiva va a ser muy difícil sostener las cuentas públicas, generar crecimiento y evitar los problemas sociales, como los que hoy estamos viviendo”, dijo Totero.
Y agregó que ellos consideran que “de aquí a los próximos 50 o 60 años la minería puede ser un valor imprescindible para el desarrollo de Mendoza. Hemos venido trabajando en la defensa de esta actividad, paralelamente con lo que consideramos un bien central, el medio ambiente”.
ASINMET defiende la aprobación del proyecto y la actividad minera en general, porque considera que “no es incompatible con el cuidado del medio ambiente”.
“Ayer fuimos citados por los legisladores y éstos escucharon nuestra propuesta. Creo que se han demonizado algunas cosas del proyecto, como el tema del uso del agua, el del xantato que se usa para la separación del cobre… creo que hay una falta de información muy fuerte en la población”, afirmó Totero.
Sobre lo expuesto en la reunión de ayer, el secretario de ASINMET contó que están planteando a los legisladores varios puntos. Entre ellos, “desideologizar este tema de la explotación de los recursos naturales”. “Se le dice que no a las grandes corporaciones económicas y en realidad hay muchas inversiones extranjeras en el país que deberían, entonces, ser miradas desde la misma óptica. A nadie se le ocurriría decirle a Repsol que se vaya del país, no? O a Carrefour, Danone, Peñaflor, que se vayan de la provincia porque son extranjeros. Entonces, acá hay que desideologizar este planteo”, explicó.
Y agregó que la protesta de los ambientalistas en el carrusel vendimial “la motorizó Pino Solanas desde un planteo estrictamente ideológico, porque estamos en un año electoral y bueno, esto suma”.
Ante la pregunta sobre el motivo de que muchas personas crean que este proyecto es incompatible con el medio ambiente, Totero señaló que “hay una preocupación cierta de la población que es acerca de cómo se van a hacer los controles. Si hoy la provincia no puede controlar el lavado de suelos, o una industria química que tira desechos tóxicos a un arroyo, la gente tiene toda la razón del mundo en desconfiar del control del estado. Pero no por eso vamos a prohibir la actividad. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar los elementos necesarios para que desde el estado y la comunidad se realicen los controles, y no solamente de la actividad minera, sino de todas las actividades, desde la emisión de gases tóxicos en el microcentro hasta la utilización de fertilizantes y plaguicidas en el campo”.
Desde ASINMET proponen la creación de una Agencia de Protección Ambiental, que cuente con recursos provenientes de los aportes que hace el mismo proyecto a la provincia. De esta manera, se tendría una herramienta necesaria y contundente para controlar todo lo que tenga impacto en el medio ambiente. “Esta agencia tiene que estar dentro del proyecto, y no tener que pedir permiso para hacer una inspección, con gente capacitada. Y los controles deben ser lo suficientemente estrictos y claros”, explicó.
Totero finalizó sus declaraciones con un duro pronóstico sobre el futuro de la provincia. “Si no diversificamos la matriz productiva, dentro de unos cuatro o cinco años no se van a poder pagar los sueldos de los maestros, policías o enfermeros”, concluyó.
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